La preocupación por el cambio climático puede darle a la Amazonia, el mayor bosque tropical del planeta, un valor financiero que le permita competir con las millonarias actividades que la van destruyendo cada año.

La reserva Juma (medio millón de hectáreas de profunda selva amenazadas por madereras ilegales en el corazón del Amazonas) es el primer proyecto en Brasil que obtuvo una certificación internacional por reducir la emisión de gases con efecto invernadero que provocaría su deforestación.

El Gobierno del Estado de Amazonas quiere replicarlo en las 34 reservas que posee y conseguir financiación del mercado de carbono para preservar el bosque y mejorar la vida de sus aislados pobladores.

El Fondo Amazonia lanzado en agosto por el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, ya consiguió un primer compromiso de donación del Gobierno de Noruega por 1.000 millones de dólares hasta 2015, también bajo el compromiso de combatir la deforestación.

Brasil, el cuarto mayor emisor de gases con efecto invernadero del planeta principalmente debido a la deforestación, quiere que le reconozcan que proteger sus cinco millones de kilómetros cuadrados de selva, es un servicio a la lucha contra el calentamiento global.

Y que por ello merece una compensación económica que el poder público no tiene para mejorar la vida de los pobladores y para controlar la deforestación que cada año consume más de 10.000 km2 de selva por el avance de madereras, ganado y plantío de soja.

Brasil es el tercer país, atrás de China e India, en proyectos en el mercado oficial de carbono creado por el Protocolo de Kyoto para reducir las emisiones de esos gases, pero este mercado no admite proyectos de preservación forestal.

Existe en cambio un creciente mercado voluntario, infinitamente menor, dirigido a empresas y organizaciones que quieren limpiar sus emisiones voluntariamente y entre las que ganan interés proyectos enfocados al medio ambiente y que benefician a las comunidades afectadas.

El Gobierno busca aún que la convención del clima de la ONU que clarificará el panorama postKyoto contemple esos proyectos de preservación de bosques.

Aunque las certificaciones internacionales para verificar la reducción de emisiones de CO2 en proyectos forestales han mejorado mucho, éstas son bastante recientes y "el comprador todavía es bastante incipiente" ante la imagen de riesgo que mantienen, destaca Stefano Merlin, presidente de Social Carbon Company, que creó un certificado que mide los beneficios sociales en proyectos de carbono.

El director de campañas de Greenpeace, Sergio Leitao, coloca otros dos obstáculos: uno, el Gobierno de Brasil tiene que vencer su rechazo a aceptar metas cuantificables de deforestación si quiere ganarse la confianza de los donantes, y dos, comprar activos de Amazonia no puede convertirse en un medio "barato" para que los grandes contaminadores del planeta dejen de restringir sus emisiones.